El CDTI Innovación lidera desde 2019 la Compra Pública Precomercial innovadora en España con 425 millones destinados a la movilización temprana de I+D

En una época marcada por desafíos urgentes —desde la transición ecológica hasta la transformación digital— la innovación no es un territorio exclusivo del sector privado. Las administraciones públicas están asumiendo un papel cada vez más activo, no solo como financiadoras o reguladoras, sino también como promotoras y primeras usuarias de soluciones tecnológicas que aún no han llegado al mercado. En este escenario, la Compra Pública de Innovación (CPI), el mecanismo del sector público para impulsar la innovación mediante la contratación de soluciones novedosas o aún en desarrollo, está emergiendo como una palanca decisiva para cambiar las reglas del juego. No solo con la modernización de los servicios públicos —optimizando recursos y tiempos de respuesta—, sino también facilitando la creación de sinergias en un entorno de innovación abierta, impulsando tecnologías emergentes y favoreciendo el crecimiento económico, con beneficios tangibles para la ciudadanía.

En línea con este escenario, y coincidiendo con su nuevo ciclo estratégico 2024-2027, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), la Agencia de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, promueve del 19 al 21 de noviembre de 2025 en Granada (España) el Foro Iberoamericano de Compra Pública de Innovación e Innovación Abierta. Esta es una iniciativa enfocada en fortalecer las redes de colaboración entre los principales agentes implicados en la CPI (administraciones, centros de conocimiento, empresas tractoras, pymes innovadoras, plataformas tecnológicas, clústeres, asociaciones empresariales y consultorías especializadas) y la cooperación internacional con el ecosistema iberoamericano, en una fórmula ganadora para acelerar la generación de soluciones disruptivas y sostenibles que mejoren los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

QUÉ ES LA COMPRA PÚBLICA

En el marco de la CPI se distinguen tres modalidades principales: la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI), la Compra Pública Precomercial (CPP) y la Asociación para la Innovación (AI). La CPTI se refiere a la adquisición de soluciones tecnológicas que aún no están comercializadas, pero que se encuentran en fases avanzadas de desarrollo, situadas entre los niveles TRL 7 y TRL 9 de madurez tecnológica.

La CPP, por su parte, permite contratar servicios desde fases más tempranas (entre TRL 4 y 7) con el objetivo de desarrollar prototipos que respondan a necesidades específicas, los cuales serán evaluados por las propias administraciones públicas. Este modelo destaca, además, por el reparto de riesgos y beneficios entre el sector público y las empresas, favoreciendo así la colaboración desde primeros estadios del proceso innovador. Finalmente, la AI se organiza en varias etapas sucesivas y se basa en la cooperación entre la administración y uno o varios socios, con quienes se desarrollarán soluciones que, normalmente, acabarán siendo adquiridas por la entidad pública. En este caso, los resultados pueden abarcar desde TRL 4 hasta TRL 9.

Lo mejor: la CPI no es un esquema reservado a grandes organismos. Cualquier entidad pública con competencias de contratación y voluntad de mejora puede utilizar este instrumento. Y al hacerlo, no solo impulsa soluciones más eficaces, sino que también puede actuar como cliente de referencia, abriendo nuevas oportunidades de internacionalización para las empresas.

La compra pública contribuye así a la política de innovación, convirtiéndose en una herramienta estratégica para el país.

RADRIOGRAFÍA DE LA CPP

La CPP avanza en España con una estela creciente de proyectos, financiación y participación empresarial. Aunque todavía enfrenta desafíos, sus cifras comienzan a perfilar una radiografía más precisa de su alcance y potencial. Desde 2019 y hasta la actualidad, el CDTI Innovación ha gestionado 25 iniciativas de CPP respaldadas por distintas fuentes de financiación, con un volumen licitado total de 425,2 millones de euros.

En detalle, el mayor impulso ha venido de los fondos europeos. FEDER ha cofinanciado junto con fondos propios CDTI  13 iniciativas —8 en el periodo 2014–2020 y 5 en el actual ciclo 2021–2027— con una movilización de recursos que alcanza los 169,2 millones de euros. A esta cifra se suman 244,1 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondos propios CDTI, que han apoyado 11 iniciativas. Por su parte, los fondos propios del CDTI han financiado íntegramente una CPP, con 11,9 millones de euros movilizados desde el PGE. Estos montos demuestran que la CPP no es un mecanismo marginal, sino uno integrado en la estrategia nacional de impulso a la innovación.

Desde la perspectiva institucional, han sido 25 actuaciones de compra pública precomercial con 19 administraciones públicas beneficiarias, algunas de ellas —como el Ministerio de Defensa, el Instituto de Salud Carlos III, el CSIC o el Ministerio del Interior, entre otras— liderando más de una iniciativa. En cuanto a los sectores prioritarios, los proyectos CPP se han desplegado sobre todo en salud (32%), 16% (seguridad), 12% (energía) y 8% (gestión de aguas) demostrando que la innovación pública no solo sirve para digitalizar procesos burocráticos, sino para abordar desafíos estratégicos que van desde la ciberseguridad hasta la transición energética o la mejora de la atención sanitaria.

Desde 2019, un total de 263 entidades han participado en estos procesos, ya sea como adjudicatarias, subcontratistas o miembros de Uniones Temporales de Empresas (UTEs). Aunque las medianas empresas y las UTEs representan el grueso de los operadores —con un 33% y un 28,3%, respectivamente— son las grandes compañías las que presentan una mayor tasa de éxito en estos contratos. Su experiencia, capacidad financiera y equipos jurídicos especializados en propiedad industrial e intelectual les otorgan una ventaja para afrontar este tipo de licitaciones complejas. Se trata, en muchos casos, de empresas consolidadas, con departamentos propios de I+D+i y trayectoria en el uso de instrumentos de financiación pública. Por el contrario, la participación de pequeñas empresas continúa siendo limitada, lo que pone sobre la mesa una barrera aún pendiente de resolver si se quiere garantizar un acceso más inclusivo.

El rango económico de las licitaciones en CPP varía notablemente, oscilando entre los 2,8 y los 105 millones de euros por proyecto/lote. No obstante, tres iniciativas sobresalen por superar ampliamente este umbral. La CPP para el desarrollo de tecnologías cuánticas aplicadas a comunicaciones seguras (QKD) alcanza los 125 millones de euros; el proyecto de fusión nuclear DONES ronda los 40 millones; y la iniciativa centrada en un Sistema lanzador de pequeños satélites se sitúa en los 45 millones.

El carácter estratégico de estas tecnologías explica su excepcional presupuesto, ya que son vitales para reforzar la soberanía científica y tecnológica española y europea. QKD se alinea con la recién aprobada Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas (2025–2030); DONES con los planes para una futura Estrategia Nacional de Fusión Nuclear; y el Sistema lanzador de satélites responde al objetivo de posicionar al sector aeroespacial como protagonista ante los nuevos retos y oportunidades de las políticas nacionales y comunitarias.

El análisis territorial de la inversión también ofrece datos de interés. En el periodo FEDER 2014–2020, las comunidades autónomas de Murcia, Canarias y Galicia concentraron el 68,5% del presupuesto total, seguidas de Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura y Castilla y León, lo que indica que, con el apoyo adecuado, regiones tradicionalmente menos activas en innovación pueden desempeñar un papel relevante en este tipo de contratación.

Las previsiones de futuro refuerzan esta línea ascendente. A corto plazo, se abordarán nuevos retos que darán lugar a licitaciones CPP cofinanciadas por CDTI y fondos FEDER: detectores para la observación astronómica (SPADs y RECUPERA. Además, están realizándose Consultas Preliminares de Mercado para dos iniciativas más en el ciclo 2021–2027 —tecnologías para la protección de costas (PLAYAS) y sistemas terrestres no tripulados (ROBOT TERRESTRE)— aún sin presupuesto definido, pero que consolidan una clara hoja de ruta.

La experiencia del CDTI demuestra que la CPP está consolidándose como un instrumento clave de política de innovación. Ahora bien, más allá de este caso concreto, la evolución de la CPI en su conjunto ofrece una perspectiva complementaria sobre su alcance en España. Un análisis publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 2023 revela que, entre 2017 y 2022, se registraron 110 licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un presupuesto base agregado de 327,9 millones de euros y una media de 3,06 millones por proceso.

El ámbito sociosanitario concentró el mayor número de iniciativas, erigiéndose como principal motor de la CPI en el país, seguido de los sectores de medioambiente, movilidad, transporte y logística, infraestructuras, tecnologías digitales, gestión de residuos, seguridad y emergencias, así como el agroalimentario. Desde la óptica territorial, la Comunidad de Madrid, Galicia y Andalucía lideraron la actividad, acumulando conjuntamente 72 de las licitaciones contabilizadas.

EL IMPACTO EN EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

La CPP tiene el potencial de ser un verdadero activador de dinámicas transformadoras dentro del ecosistema de innovación. A medida que este instrumento se consolida en España, su impacto se deja sentir tanto en la conexión entre ciencia y mercado como en la generación de redes colaborativas, el desarrollo regional y el retorno económico e industrial de la I+D+i.

Uno de sus principales logros es su capacidad para acortar la brecha entre la investigación y el mercado, un desafío histórico del sistema español de innovación. En cada licitación de CPP, los pliegos incluyen un anexo específico sobre retornos económicos: los adjudicatarios se comprometen a retribuir un porcentaje de sus ventas netas —en forma de royalties— una vez la solución desarrollada llegue al mercado. Además, la fase de validación preoperacional del prototipo sienta las bases para su posterior escalado industrial, bien mediante nuevas convocatorias como la CPTI, o a través de mecanismos alternativos de financiación.

Pero la CPP también promueve un modelo de innovación abierta, donde empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas colaboran en pie de igualdad. En este ecosistema, cada actor juega su papel. Las empresas, ya sea individualmente o en UTE (Unión Temporal de Empresas), son quienes asumen el desarrollo tecnológico. Para startups y pymes, esta estructura colaborativa resulta valiosa: compartir solvencia técnica o financiera con socios experimentados les permite acceder mejor a procesos complejos de contratación pública y crecer dentro del mercado de la innovación.

Por su parte, universidades y centros tecnológicos están empezando a asumir un rol más activo. Aunque tradicionalmente participaban como subcontratistas, algunas —como la Universidad Carlos III de Madrid o la Universitat Politècnica de València— ya compiten como operadores económicos principales en licitaciones del CDTI vinculadas al ámbito sanitario. Este cambio de paradigma indica una mayor integración entre el mundo académico y el tejido empresarial, con el objetivo de traducir la ciencia en soluciones tangibles.

El efecto tractor de la CPP también se percibe en el fortalecimiento del tejido empresarial local. Muchas iniciativas impulsadas por el CDTI y cofinanciadas con fondos europeos están generando sinergias regionales de alto valor añadido. Por ejemplo, en el proyecto "PET Cerebral", liderado por la Fundación Tecnalia, los subcontratistas proceden de la misma región, lo que no solo potencia la especialización territorial, sino que permite que el escalado industrial futuro pueda realizarse sin depender de proveedores externos. Este modelo multiplica el impacto económico en el entorno y favorece una innovación arraigada y sostenible.

La CPP también activa palancas económicas fundamentales. Uno de los elementos distintivos de este instrumento son los acuerdos de licencia y retorno firmados entre el CDTI, la administración contratante y la empresa adjudicataria. Estos compromisos impulsan la protección de la propiedad intelectual —con especial foco en patentes— como indicador del progreso tecnológico, y aseguran que las soluciones desarrolladas no queden en fase piloto, sino que escalen y lleguen al mercado. Esta trazabilidad entre el laboratorio y la industria es una de las garantías de competitividad del modelo.

En este sentido, la CPP actúa como un trampolín para la internacionalización. La validación tecnológica que ofrece el sector público posiciona a las empresas como referentes en sus respectivos ámbitos, generando confianza entre inversores y compradores internacionales. La expectativa es que, tras la fase preoperacional, muchas de estas soluciones escalen no solo a nivel nacional, sino también en los mercados europeos y globales.

En cuanto a los sectores tractores, la salud —incluida la biotecnología— concentra el 36% de las licitaciones FEDER 2021–2027, seguida de las TIC (28%), la energía (13%) y los proyectos relacionados con prevención de incendios (8%). Esta alineación no es casual: responde tanto a las prioridades marcadas por la UE en su Plataforma de Tecnologías Estratégicas y Críticas como a las necesidades específicas del tejido industrial y científico español.

Además, la CPP tiene un potencial de arrastre multisectorial. Así ocurre con iniciativas como, por ejemplo, AUTOPILOT, donde la inteligencia artificial —tecnología TIC— se aplica a cirugía robótica, o INNOVATRIAL, que conecta salud y digitalización para optimizar la investigación clínica. Esta hibridación tecnológica amplía el impacto del instrumento, generando sinergias entre sectores y promoviendo una innovación sistémica y transversal.

En definitiva, la CPP no solo facilita la contratación pública de soluciones disruptivas, sino que reordena y fortalece el ecosistema de innovación, creando conexiones, reduciendo brechas y proyectando a los actores nacionales hacia el futuro de la ciencia, la tecnología y la competitividad global.

LA TANGIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS

Si algo distingue a la CPP es su capacidad de generar valor social tangible y su potencial transformador en múltiples frentes. Desde la transición ecológica hasta el envejecimiento de la población o la revolución tecnológica, este instrumento permite dar respuesta a algunos de los grandes desafíos estructurales del país, conectando la innovación con las necesidades reales de la sociedad.

Ejemplo de ello es el impulso hacia una energía limpia y segura, que se materializa en la iniciativa DONES-Fusión Nuclear, enfocada en desarrollar validadores tecnológicos para futuros reactores de fusión. Esta instalación estratégica en Granada forma parte de la hoja de ruta española y europea hacia fuentes energéticas sin emisiones, en un contexto marcado por la urgencia climática y las crisis energéticas derivadas, en parte, por la actual inestabilidad geopolítica. También en el terreno medioambiental y del cuidado de los ecosistemas destaca la iniciativa, aún en Consulta Preliminar de Mercado, PLAYAS que busca identificar soluciones que frenen la erosión costera. En juego no solo está la protección del litoral y la biodiversidad, sino también una economía azul que da trabajo a 4,8 millones de personas en la UE, siendo España el Estado miembro donde más empleo se genera en este sector, según un reciente informe de la Comisión Europea.

Además, la CPP permite a las administraciones públicas no solo responder a retos, sino anticiparse a ellos. Así lo demuestra la iniciativa PET Cerebral, centrada en el desarrollo de tecnologías avanzadas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas. En una sociedad en la que más de una de cada tres personas sufre un trastorno de esta naturaleza —según la OMS—, este tipo de proyectos refuerza la capacidad del sistema sanitario con soluciones de alto impacto clínico a la hora de afrontar el fututo incremento de este tipo de dolencias a causa del envejecimiento poblacional.

La innovación también es clave en la lucha contra amenazas emergentes vinculadas a la digitalización y a la irrupción de la inteligencia artificial. Frente a la creciente sofisticación del crimen organizado, la iniciativa en estatus de licitación FORENSE busca revolucionar la investigación de la Policía científica mediante tecnologías que optimizan la gestión de la escena del crimen. Esta CPP pretende dotar de herramientas punteras, adaptando los procedimientos a los desafíos de una delincuencia cada vez más compleja y avanzada tecnológicamente.

En este sentido, la CPP ofrece un enfoque audaz y necesario: permite contratar el desarrollo de prototipos aún inexistentes, testarlos en condiciones reales y avanzar hacia soluciones eficaces, sin asumir el riesgo completo del proceso. Esto se traduce, para las empresas —y especialmente para pymes y startups—, en oportunidades concretas para acelerar el acceso al mercado, atraer inversión, generar empleo cualificado y posicionarse como referentes tecnológicos.

Por otro lado, España también está dando pasos para ocupar un lugar destacado en sectores emergentes de alta complejidad tecnológica y la CPP está convirtiéndose en una aliada. En el ámbito de las comunicaciones seguras, la iniciativa Sistema QKD impulsa tecnologías cuánticas —fundamentales para la soberanía digital y la seguridad económica europeas en las próximas décadas— con aplicaciones en defensa, ciberseguridad, logística o salud. Y en el campo de la astrofísica, el potencial desarrollo de Detectores SPADs, para la observación astronómica podría abrir nuevas posibilidades científicas en el desarrollo de tecnología óptica y microelectrónica, reforzando la autonomía tecnológica española en uno de los grandes bienes comunes globales: el espacio exterior, donde en la actualidad coexisten la cooperación y la competitividad, los actores estatales y los privados.

En paralelo, la CPP también sirve para reforzar el compromiso con una sanidad pública avanzada y equitativa. La iniciativa Hadronterapia impulsa un acelerador lineal de iones de carbono para tratamientos oncológicos de alta precisión. Con casi 300.000 nuevos casos de cáncer previstos en España en 2025 —según la SEOM—, esta apuesta tecnológica podría marcar la diferencia en la calidad de vida de miles de pacientes.

Y si hablamos de salud, la sostenibilidad de este sector también es un factor para tener en cuenta. La iniciativa H2-Hospitales busca descarbonizar infraestructuras sanitarias mediante el uso de hidrógeno verde, sin comprometer su operatividad. España aspira a liderar el despliegue de este vector energético en Europa, y esta iniciativa demuestra cómo puede conjugarse transición ecológica, fortalecimiento del sistema público y liderazgo en materia de energía.

Los beneficios de este tipo de contratación pública no se limitan a cada iniciativa específica. También generan economías de escala mediante alianzas entre regiones, movilizan capital privado y fomentan estándares tecnológicos comunes. Así lo demuestra algunas comunidades autónomas españoles, que, aunque tradicionalmente no sean identificadas como altamente innovadoras, están valiéndose de la CPP con éxito en distintos ámbitos.

En esta línea, se suman experiencias como la de la Junta de Extremadura, con la iniciativa AUTOPILOT, que introduce IA en cirugía mínimamente invasiva para personalizar intervenciones y reducir riesgos. O el caso del Servicio Gallego de Salud, con INNOVATRIAL, que busca integrar todos los procesos de investigación clínica en un sistema digital único, reforzando el vínculo entre investigación y asistencia médica.

BARRERAS Y TEREAS PENDIENTES

Sin embargo, los obstáculos son aún significativos. Muchos organismos públicos siguen sin saber cómo aplicar la CPP o no cuentan con equipos formados ni con recursos suficientes para gestionarla de manera eficaz. La burocracia, el miedo al riesgo y una lógica cortoplacista siguen relegando a menudo la innovación a un plano secundario.

Desde el lado empresarial, el panorama tampoco es sencillo, ya que, por ejemplo, la complejidad de los procesos de licitación supone trabas reales para la participación de pymes y startups. Sin una estrategia coordinada y transversal, el riesgo es que estas herramientas pierdan tracción, queden diluidas y no generen un cambio estructural.

Superar estos retos requiere una apuesta clara por administraciones con visión de futuro, capaces de reforzar sus capacidades internas, colaborar entre departamentos y consolidar experiencia en procesos innovadores. También es esencial contar con un ecosistema empresarial preparado: compañías que conozcan la dinámica de la CPI y la CPP, trabajen en red con centros de conocimiento y dominen cuestiones críticas como la propiedad intelectual o la explotación de resultados.

En esta línea, el CDTI Innovación plantea reforzar su apuesta por la CPP de aquí a 2027, aprovechando los fondos FEDER y orientando sus actuaciones a los grandes retos sociales, económicos y medioambientales. Su plan estratégico prioriza iniciativas lideradas por Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), por su alto impacto potencial en el sistema nacional de ciencia e innovación. Además, se impulsará una evaluación global del instrumento, revisando indicadores de proceso, criterios de selección y procedimientos de contratación y seguimiento, para asegurar mayor transparencia y eficacia. Para facilitar su despliegue, también se activará una red interadministrativa de apoyo a la CPI, con el objetivo de extender su implantación de forma coherente por todo el territorio nacional.

A todo ello se suma una nueva línea de actuación lanzada en diciembre de 2024: la licitación "Ecosistemas de Innovación". A través de ella, el CDTI busca reforzar el conocimiento y la capacitación de todos los actores implicados en el proceso —desde administraciones hasta operadores económicos—. El objetivo: mejorar la gestión del FEDER, optimizar los instrumentos actuales de CPI, facilitar el despliegue de soluciones innovadoras y diseñar nuevas herramientas adaptadas a las necesidades del tejido innovador. Un punto clave será facilitar la participación de pymes y startups, especialmente vulnerables por su dependencia de financiación a corto plazo con el fin de poder impulsar sus propuestas más disruptivas.

La CPI y la CPP no son fórmulas milagrosas, pero sí herramientas con una gran capacidad de transformación. Usar el poder de la compra pública no solo para adquirir bienes y servicios, sino para generar soluciones que aún no existen —con impacto económico, social y tecnológico— es una de las grandes apuestas de futuro.

MOTOR DE CAMBIO EUROPEO Y GLOBAL

En un contexto marcado por transformaciones profundas a escala global, la CPI y CPP ganan protagonismo como herramientas clave para impulsar las grandes agendas estratégicas de la Unión Europea. En España, este tipo de contratación pública también orienta la inversión pública hacia metas como la autonomía estratégica o la soberanía tecnológica.

Este compromiso creciente se refleja en la posición que ocupa España en el panorama europeo. Según el ejercicio de evaluación comparativa sobre CPI de 2024, llevado a cabo por la Comisión Europea (CE), el país se sitúa en el cuarto puesto entre 30 países analizados, con una puntuación del 47,5%, por encima de la media europea, que ronda el 33%. En apenas unos años, España ha escalado del octavo al cuarto lugar, gracias a los avances en la promoción de la CPI como herramienta estratégica, tanto en la mayoría de las políticas horizontales a escala nacional —por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026—, como en las políticas de TIC —con el plan España Digital 2026— y en las políticas sectoriales (defensa, energía, transporte, medio ambiente, agua y sanidad).

El país destaca, además, por el uso de incentivos financieros y personales, como el Premio Nacional de CPI. Asimismo, algunas comunidades autónomas han consolidado modelos de buenas prácticas, entre ellas Cataluña, Andalucía, Castilla y León o Aragón, resalta el análisis de la CE. Sin embargo, persisten desafíos importantes: el país carece aún de un plan nacional específico para CPI, no ha fijado objetivos económicos concretos y sigue sin contar con un sistema sólido de seguimiento y evaluación. Tampoco dispone de una política clara en materia de propiedad intelectual que estimule la innovación, recoge el informe.

A escala europea, España forma parte del grupo de rendimiento moderado, junto a países como Estonia, Austria, Noruega o Reino Unido. Por delante se encuentra Finlandia, que lidera el ranking gracias a un marco político estructurado y operativo al 70% de su capacidad. En contraste, grandes economías de la Unión como Francia, Alemania, Italia o Polonia muestran aún un rendimiento modesto. Esta disparidad evidencia que, pese a los avances, la CPI en Europa opera de media a solo un tercio de su potencial.

Más allá del marco europeo, la CPI y la CPP se alinean firmemente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. De hecho, todas las CPP lanzadas desde el CDTI incorporan condiciones especiales de ejecución orientadas a la sostenibilidad y la equidad. En particular, se presta especial atención al ODS 5 (igualdad de género), con cláusulas que exigen a las empresas fomentar la contratación de mujeres, alcanzando al menos un 20% durante la ejecución del contrato.

Además, el propio diseño de las CPP está profundamente alineado con el ODS 9, al permitir el desarrollo de soluciones que evolucionan desde un estadio experimental (TRL 4) hasta fases previas a su aplicación real (TRL 7). Esta evolución tecnológica no solo impulsa la innovación responsable, sino que también favorece la modernización productiva y la competitividad, en sintonía con el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). En este sentido, la CPP actúa como un mecanismo que potencia sectores de alto valor añadido y permite que la inversión pública se convierta en dinamizador directo de empleo cualificado y sostenible.

La CPI y la CPP se consolidan como catalizadores de una innovación sostenible y responsable. Estas herramientas permiten a las administraciones públicas además alinear sus procesos de compra con los principios del Pacto Verde Europeo y con el criterio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH, por sus siglas en inglés). Este compromiso se integra desde la fase de identificación de la necesidad hasta la licitación y la ejecución del contrato, abarcando todo el ciclo de diseño, desarrollo y validación preoperacional.

En definitiva, la compra pública es una palanca de cambio que permite a las administraciones convertirse en agentes activos de transformación local, nacional, europea y global a diferentes niveles, anticipando las soluciones del futuro y alineando la inversión pública con la innovación sistémica.

EL HORIZONTE PRESENTE Y FUTURO

En el reciente evento "La compra pública de innovación en España: pasado, presente y futuro", celebrado en Madrid, expertos del sector coincidieron en una idea clave: el verdadero éxito de la CPP se medirá por su capacidad para llevar resultados al mercado. El reto está ahora en acompañar esas tecnologías más allá de la fase de prototipo. Para lograrlo, será necesario que el Ministerio de Ciencia e Innovación y las comunidades autónomas trabajen en nuevos instrumentos complementarios —como la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)— que faciliten el escalado industrial y acorten los plazos de llegada al mercado. En otras palabras, la clave está en ajustar los tiempos de la innovación con los del acceso a la financiación pública.

En paralelo, el mapa de la CPP en España empieza a mostrar áreas prioritarias con fuerza creciente. Uno de los vectores que más impulso está recibiendo es el de seguridad y defensa. El lanzamiento del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, aprobado este mismo año por el Consejo de Ministros, posiciona este ámbito como una prioridad nacional. En este marco, el CDTI gestionará 250 millones de euros en subvenciones y compra de prototipos, canalizando buena parte de estos fondos a través del instrumento de CPP.

Este enfoque no es casual: ante un escenario global inestable y lleno de incertidumbres, España busca reforzar su soberanía tecnológica en sectores críticos. Y lo hace apostando por fórmulas que conjugan visión estratégica, impacto social y colaboración público-privada. La compra pública de innovación emerge de esta manera como un eslabón esencial en esa cadena de valor que conecta la ciencia con el mercado, la inversión pública con la competitividad y el presente con las soluciones del mañana.