Europa ha marcado un hito con la aprobación y reciente entrada en vigor de la Ley de Inteligencia Artificial. La primera ley integral a nivel mundial para la regulación de esta nueva tecnología llega en un momento clave, ya que su uso y desarrollo es una práctica cada vez más común en las empresas.

El pasado 1 de agosto entró en vigor y las obligaciones se irán implementando de manera progresiva hasta agosto de 2026, cuando será de obligado cumplimiento en su totalidad. Dada su complejidad, sin duda esta aplicación de forma gradual ofrece una oportunidad para que las empresas, independientemente de su tamaño, se adapten a esta normativa. Por ejemplo, en Legal Army nuestro equipo del área de Gobernanza en Inteligencia Artificial trabaja diariamente resolviendo dudas legales del impacto de esta nueva regulación. Conocemos lo importante que es para las empresas contar con los mecanismos necesarios para operar dentro de los límites legales y aprovechar las nuevas oportunidades que potencien su desarrollo empresarial.

Esta aplicación progresiva favorece también a las pequeñas y medianas empresas, que comprenden la mayor parte del tejido empresarial español, y que podrían enfrentar mayores desafíos y retos al implementar cambios regulatorios. El reglamento establece una jerarquía de riesgos del uso de la inteligencia artificial (IA) y, en función de las distintas categorías, se marcan los plazos y las obligaciones a cumplir.

Aquellos denominados de riesgo inaceptable quedarán prohibidos durante la primera fase de implementación, es decir, a partir de febrero de 2025. Estos son aquellos que suponen un impacto significativo y potencialmente adverso en la vida de los ciudadanos, así como que puedan afectar a los derechos fundamentales de las personas. Un ejemplo de ello es el uso de la IA para el reconocimiento de emociones en el ámbito laboral o clasificación de personas en función de su estatus socioeconómico.

Una vez completada la primera etapa, a partir de mayo de 2025, se avanzará a una segunda fase donde deberán cumplirse Códigos de Conducta o Códigos de Buenas Prácticas, que abarcarán las normas para los modelos de la IA de uso general. Con estas reglas, se pretende fomentar el cumplimiento sin impedir la innovación, de forma que las empresas y desarrolladores cuenten con una guía y ruta que les permita adaptarse progresivamente. Las compañías podrán desarrollar y probar sistemas de IA bajo el soporte de las autoridades nacionales. Además, deberán respetar obligaciones de transparencia e informar en todo momento si los ciudadanos están interactuando con algún sistema de IA. Durante este periodo de transición, se espera que las empresas ajusten sus prácticas y tecnologías para alinearse con los nuevos estándares éticos, sostenibles y sociales de la regulación.

A partir de agosto de 2025, es decir, dentro de un año, todos los países miembros de la Unión Europea deberán haber actualizado sus normas y se conocerán las sanciones y multas a las empresas que no cumplan con la normativa a partir de esta fecha.

Y, por último, los sistemas calificados de alto riesgo, tendrán hasta agosto de 2026 para la completa adecuación de sus sistemas a la nueva normativa. Algunos ejemplos incluyen, los sistemas de IA utilizados para la contratación o sistemas que gestionen robots autónomos. En esta fase, se introducirán mecanismos de supervisión, gestión transparente de datos y actualización de las normas para adaptarse a la rápida evolución de la tecnología. Esto permitirá que las regulaciones sean efectivas a largo plazo.

Sin duda, la estrategia de implementación escalonada de la nueva ley de IA en Europa es una respuesta medida a los desafíos y oportunidades que presenta la IA. Nos encontramos ante una tecnología que continúa en desarrollo y en un entorno regulatorio flexible que puede evolucionar con el tiempo. Como expertos en el ámbito legal, facilitar la comprensión y medidas para actuar con determinación es fundamental para proteger a las empresas. Así como para cumplir con este marco regulatorio que tiene el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible, seguro y ético para el conjunto de la sociedad.