El inicio de actividades de una startup en el sector Fintech tiene una primera derivada que puede llegar a cuestionar la viabilidad del proyecto en su conjunto: la posible exigencia de contar con una autorización previa de un regulador financiero.
Dicha exigencia tiene dos implicaciones principales. Por un lado, el tiempo que conlleva el proceso de autorización, que puede prolongarse durante meses y a veces superar el año de duración. Por otro lado, los costes del proceso, tanto por la necesidad de contar con asesores legales que lo gestionen, como el posible devengo de tasas por parte del regulador.
La exigencia de autorización previa la encontraremos, por ejemplo, para desarrollar las actividades de gestión de pagos (transferencias y envíos de dinero), la agregación de información financiera, el trading de valores (incluyendo a través de robo advisors) o la cobertura del riesgo divisa con derivados financieros.
Otras actividades no están sujetas a la exigencia de autorización, sino de inscripción en los registros del regulador competente, un trámite menos complejo pero que también puede conllevar tiempo y exigir cierto asesoramiento legal. Es el caso, por ejemplo, de la intermediación de créditos y préstamos a consumidores, la mediación en seguros y el canje y custodia de criptomonedas.
En cambio, son contadas las actividades financieras que están exentas de la exigencia de autorización o registro. Podemos citar, en este caso, las actividades de financiación, como el crédito al consumo (excluyendo tarjetas de crédito) o la financiación a empresas, si bien la concesión de préstamos hipotecarios a minoristas o la gestión de plataformas de crowdlending sí requieren autorización o registro en el regulador.
También están exentas de autorización aquellas empresas Fintech que se limiten a desarrollar soluciones tecnológicas para entidades financieras, sin realizar ellas mismas una actividad financiera para los clientes finales.