Aprobada la Ley de Transparencia con el apoyo de CiU y PNV

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado con los votos de PP, CiU y PNV el dictamen sobre la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, que ha sido rechazado por IU-ICV.CHA, UPyD y el Grupo Mixto.

El PSOE, que quería votar contra la ley, ha cometido un error al contar con que habría una votación final, pero no ha sido así, por lo que los socialistas han tenido que rectificar públicamente y que constara en acta su intención de haber votado en contra.

De las 32 enmiendas aprobadas por la comisión, 15 son del PSOE, seis de CiU y once pactadas entre PP, CiU y PNV. La incorporación de las enmiendas ha hecho que los grupos nacionalistas se decanten por dar su voto al gobierno en la tramitación de la ley. Con esto el PP se ha asegurado de lograr un mínimo de consenso para sacar adelante la ley.

FORMATOS REUTILIZABLES

Se ha aprobado que toda información que se haga pública en aplicación de esta ley sea ofrecida “preferiblemente en formatos reutilizables”, en contra de lo que pedían algunos grupos, como Amaiur, en fomentar el uso del ‘software libre’ o código abierto.

Esta ley publicitará los bienes de los responsables políticos, pero omitirá la localización de sus inmuebles. Se protegen los datos de los menores de edad. También se ha dejado claro que la competencia para instruir y sancionar a un alto cargo de la administración local y autonómica la tiene que tener la correspondiente administración, y en ningún caso la Administración General del Estado o el Ministerio de Hacienda.

LAS LIMITACIONES DAN LUGAR A ARBITRARIEDAD

Los “desmesurados límites” que se ponen al acceso a la información, según la oposición, hacen que la norma nazca desvirtuada y permita decisiones “arbitrarias” por su escasa concreción. “Hecha la ley, hecha la trampa”, ha declarado Joan Josep Nuet, de Izquierda Plural.

Se restringe el acceso a la información si supone un perjuicio para la seguridad y defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional, pero la normativa también fija como límite “los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”.

El Gobierno ha recibido críticas tras su negativa de crear un registro de ‘lobbies’ o grupos de presión. La intención del Ejecutivo es regular únicamente en el ámbito parlamentario a través de la reforma del Reglamento del Congreso.

El silencio administrativo negativo es otro de los puntos candentes en la ley. Todos los partidos han criticado que las administraciones concernidas no estén obligadas a responder a una petición de información, y al no contestar, el solicitante debe entender que su solicitud ha sido rechazada, una práctica “despótica” según Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD.

En cuanto al apartado del buen gobierno, se han admitido enmiendas de los grupos nacionalistas para que los diferentes ámbitos competenciales sean respetados, y se suprima la “atrofia democrática” de que el ministro de Hacienda pueda cesar a alcaldes y destituir cargos electos, en palabras Emilio Olabarría de PNV.

POLÉMICA CON EL BUEN GOBIERNO

A pesar de todo, CiU y PNV mantienen las distancias. El grupo vasco ha pedido que se siga defendiendo el régimen especial de los Territorios Históricos del País Vasco y que los compromisos para la estabilidad presupuestaria sean acordados en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La oposición también ha destacado que los temas sobre el buen gobierno deberían haberse regulado en otra ley aparte, y han criticado que ese capítulo está sometido a “la lucha contra el déficit público” con sanciones por el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

“Se ha dado una vuelta al austericidio” declara Josep Nuet. Los grupos catalanes han demandado, sin éxito, que se incluya en la ley la obligación de publicar las ‘balanzas fiscales autonómicas’.

Los grupos de la oposición también han rechazado que el futuro Consejo de Transparencia y Gobierno no sea un órgano independiente, ya que estará subordinado al Ministerio de Hacienda, y su presidente será nombrado por el Gobierno. El mandato del presidente del consejo será de cinco años, y tendrá que pasar por un examen de idoneidad para recibir el aval de la mayoría absoluta de la cámara.

LA CASA REAL SERÁ SOMETIDA A “UN FILTRO”

Desde ERC destacan que se vaya a someter a la transparencia a la Casa Real. “Una idea que hace unos años provocaba risas y abucheos” ha recordado Alfred Bosch, portavoz de ERC. La Izquierda Plural ha criticado el hecho de que se coloque “un filtro” para las peticiones de información relativas al a Jefatura de Estado que serán gestionadas por el Ministerio de la Presidencia.

EL PP ALABA LA GENEROSIDAD DEL GOBIERNO

Desde el PP se ha tachado de injusto el hecho de considerar la ley “de mínimos” y que su tramitación sea tildada de “opaca”. “Nunca una ley cambió tanto ni un Gobierno ha sido tan sensible, receptivo y generoso con las propuestas de la oposición. Nadie podrá decir que no lo hemos intentado de buena fe y hasta el último minuto”, ha señalado Pedro Gómez, del Partido Popular.

La ley “llegó al congreso siendo una y sale siendo otra: más ambiciosa, acorde con los tiempos y las necesidades de los ciudadanos”, ha declarado, para recalcar que se está yendo por el buen camino. “La transparencia no es un eslogan, es un principio democrático de última generación, la respuesta del sistema en un momento de crisis”, ha remarcado.