"España debe afrontar la economía colaborativa con un marco regulatorio eficaz"

María Luisa Espada Piedra, abogada experta Civil, Administrativo y Comercial de Díaz-Bastien Abogados, avisa de la necesidad de España de afrontar la economía colaborativa con un marco regulatorio eficaz. La licenciada cita de ejemplo a compañías mundialmente conocidas como Airbnb, Niumba, Windu, Blabacar, Cabify o Uber, "lo que se conoce como economía colaborativa o “collaborative economy” o “sharing economy”, es decir, compartir entre particulares servicios y/o productos que pueden incluir desde casa y viajes en coche hasta servicios domésticos, siempre con el objetivo de, o bien ahorrar unos euros, o bien obtener unos ingresos extras".

Según los últimos datos del Eurobarómetro, el 52% de los europeos conocen las plataformas de economía colaborativa y los servicios que ofrecen y el 17% los ha utilizado al menos una vez. De todos los que utilizan las apps, el 41% destaca la facilidad de acceso a los servicios en comparación con las tradicionales compañías de productos y servicios; el 33% valora su bajo precio, mientras que el 25% restante resalta la habilidad para intercambiar productos o servicios en vez de pagar con dinero. 

Aunque por el contrario, el 41% de los usuarios critica el hecho de no saber quién sería el responsable en caso de suscitarse un problema, mientras que el 28% afirma no confiar en las transacciones de internet en general y el 27% no confía en el vendedor. Estas críticas han llevado "a la Comisión Europea a presentar, a través de la llamada “agenda europea”, unas orientaciones y normas comunes a fin de que los consumidores, empresas y autoridades públicas participen con confianza en la economía colaborativa, lo que pasa porque las autoridades nacionales y locales aborden la situación con un marco regulatorio eficaz. Y España no debe ser menos". 

LA NECESIDAD DE UN MARCO REGULATORIO

Sin embargo, tal y como destaca María Luisa, el pasado 31 de mayo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una sentencia que no pemrmitía el alquiler de viviendas de forma temporal, al margen de los negocios establecidos, tal y como viene funcionando plataformas como Airbnb, Windu o Niumba, entre otras, cuyo negocio reside concretamente en facilitar viviendas de uso turístico.

"Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sometió a consulta el pasado mes de marzo de 2016 las conclusiones preliminares del estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa, permitiendo con ello a los expertos y a la opinión pública una colaboración adicional en un informe que está dirigido a dar unas pautas para afrontar la economía colaborativa desde el punto de vista de la competencia y la regulación económica eficiente". La resolución de la consulta determinó que "en una valoración general del fenómeno de la economía colaborativa, los miembros de las autoridades de competencia y de regulación, las organizaciones de consumidores y usuarios y las universidades perciben mayoritariamente este nuevo modelo como una oportunidad para la mejora del bienestar social, la regulación y la competencia".

Lo cierto, según concluye María Luisa, es que "nuestro sistema normativo resulta arcaico y no ofrece soluciones que promuevan el desarrollo de la economía colaborativa en nuestro país". Para la abogada, "está en manos del Gobierno hacer entender a los colectivos profesionales que la evolución tecnológica de las plataformas ha venido para quedarse, debiendo establecer una solución jurídica apropiada a ese entorno digital, ya que como establece la Comisión Europea, la prohibición de la economía colaborativa “es el último recurso”".